La Constitución Nacional Argentina delega en las Provincias la institución del régimen municipal y establece que corresponde a la Nación el dictado de los presupuestos mínimos de protección del patrimonio cultural “y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales” (Art.41). Esto significa que existe autonomía municipal tanto en lo concerniente a la organización de sus archivos como en el dictado de políticas al respecto. El Informe experto sobre la situación de los Archivos de América Latina presentado en el año 2000 por la Fundación Histórica Tavera juzgó la naturaleza jurídica e institucional de los archivos históricos municipales argentinos como precaria debido a su dependencia de las direcciones o secretarías del patrimonio cultural de los municipios y sugirió, entre otros puntos, concienciar a las autoridades municipales acerca de la importancia de los documentos que producen y diseñar una política de desarrollo de archivos. En varias oportunidades, archiveros y asociaciones profesionales elaboraron proyectos para homologar procedimientos, crear programas de gestión, tablas de plazos de conservación y políticas archivísticas similares. Sin embargo no existe, en la actualidad, una directiva única para todos los municipios argentinos. La situación no es la misma en todas las provincias, ya que el régimen municipal no es igual en todas ellas. Algunos municipios tienen buenos sistemas de archivos y hay legislación así como redes de archivos municipales. Sin embargo, la situación de los archivos municipales de Argentina no es óptima ni existe real conciencia ciudadana del valor de los documentos que contienen.
